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El Boletín Oficial del Estado de 31 de octubre de 2024 ha publicado la Ley que mejorará la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible que entrará en vigor el 1 de noviembre.

La Ley fue aprobada el pasado 23 de octubre de 2024 en el Senado, tras haber logrado también su aprobación unánime en el Congreso, el 10 de octubre de 2024.

El objeto de la ley es establecer un marco jurídico que refleje el compromiso de la sociedad y, en particular, de las administraciones públicas competentes, de asegurar un trato digno, respetuoso y adecuado para las personas incluidas en su ámbito de aplicación, así como sus familias, teniendo en cuenta, particularmente, los reducidos rangos temporales de supervivencia en el caso de la ELA y otras enfermedades similares.

• Ley 3/2024, de 30 de octubre

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2024-22438

El BOE de 9 de octubre de 2024 ha publicado el Real Decreto 1026/2024, de 8 de octubre, por el que se desarrolla la obligación empresarial de contar con un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, que incluya un protocolo de actuación para la atención del acoso o la violencia.

Esta obligación viene recogida en el artículo 15 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

• Real Decreto 1026/2024, de 8 de octubre

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2024-20402

Con fecha 25 de septiembre de 2024 se ha publicado en el BOCyL la Resolución por la que se convoca la acción concertada del Servicio de Atención Temprana en el ámbito rural de la Comunidad de Castilla y León.

El servicio objeto de la acción concertada tiene como finalidad llevar a cabo intervenciones dirigidas a la población infantil menores de tres años (hasta seis años, si no están escolarizados) y a sus familias y entorno, ante factores de riesgo o alteraciones (posibles o detectadas) para el desarrollo del niño o la niña, con el fin de promover su autonomía personal y participación social, así como apoyar a las familias para construir una vida significativa conforme a sus proyectos de vida.

• Resolución de 17 de septiembre de 2024, de la Presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León

https://bocyl.jcyl.es/html/2024/09/25/html/BOCYL-D-25092024-18.do

El BOE de 24 de julio de 2024 ha publicado el Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad.

Dentro de esta estructura se incluye el Comisionado de Salud Mental, con rango de Subsecretaría, que dependerá de la persona titular del Departamento, con el objetivo de reforzar las acciones encaminadas a la mejora de la salud mental de la población desde el reconocimiento de los derechos humanos de las personas afectadas y buscando la equidad, sostenibilidad y calidad en la atención sanitaria a la salud mental.

Dependen del Comisionado de Salud Mental:

• Oficina Técnica del Comisionado sobre Transición de Modelo en la Salud Mental, con nivel orgánico de Subdirección General.
• División de Prevención, Promoción y Protección de la Salud Mental, con el nivel que se determine en la relación de puestos de trabajo.

• Real Decreto 718/2024, de 23 de julio

https://www.boe.es/boe/dias/2024/07/24/pdfs/BOE-A-2024-15213.pdf

El BOE de 24 de julio de 2024 ha publicado el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento que regula el Sistema Arbitral de Consumo.

Este sistema es un servicio público que permite a las personas consumidoras y usuarias resolver conflictos con las empresas sin necesidad de acudir a los tribunales, pero con resoluciones que tienen carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes.

Este Real Decreto tiene por objeto actualizar el sistema para que pueda resolverse el proceso íntegramente de forma digital y hacerlo así más ágil y accesible a todas las personas consumidoras y usuarias, al tiempo que estos cambios garantizan la seguridad del procedimiento. Dentro de este sistema, las partes se encomiendan voluntariamente a un órgano arbitral que actúa con imparcialidad, independencia y confidencialidad. Después, la decisión tomada por el órgano arbitral es obligatoria para todas las partes, ya que estas han aceptado previa y voluntariamente este procedimiento. Y esta decisión tiene la misma eficacia que una sentencia, con lo que se moderniza el sistema y se ahorra tiempo y recursos, tanto a las partes implicadas como a la propia Administración, ya que se introducen herramientas digitales para que los procedimientos sean más rápidos y eficaces. Las solicitudes se podrán realizar de manera online a través de Internet, y las notificaciones podrán recibirse también online y las audiencias podrán hacerse a distancia mediante videoconferencia.

El objetivo es que la ciudadanía pueda acceder de manera fácil y sencilla a sus derechos en el ámbito del consumo sin depender de cuál sea el nivel adquisitivo o la posición social de la persona que quiera reclamar. Con este sistema, se pueden solventar todas las reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias salvo en algunos supuestos excepcionales que sí requieren un proceso judicial: cuando el conflicto se produce a raíz de un caso de intoxicación, lesión o muerte, o si existen indicios racionales de delito.

• Real Decreto 713/2024, de 23 de julio

https://www.boe.es/boe/dias/2024/07/24/pdfs/BOE-A-2024-15208.pdf

El BOE de 24 de julio de 2024 ha publicado el Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto de las personas cooperantes, que actualiza sus derechos y obligaciones, estableciendo los mecanismos que garanticen el ejercicio de los derechos que la norma les reconoce teniendo en cuenta sus distintos perfiles y promoviendo su formación y cualificación para enfrentarse a los cada vez más complejos retos de la cooperación.

La Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo supuso un primer paso en la profesionalización de la cooperación española, pues reconocía por vez primera a las personas cooperantes y establecía un mandato para la aprobación de su Estatuto, que se llevó a término por Real Decreto 519/2006, de 28 de abril.

Tras casi veinte años desde la aprobación del anterior estatuto, la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global establece en su artículo 44 una nueva definición de cooperante y renueva el mandato legal para la regulación de su estatuto.

• Real Decreto 708/2024, de 23 de julio

https://www.boe.es/boe/dias/2024/07/24/pdfs/BOE-A-2024-15202.pdf

El BOE de 24 de julio de 2024 ha publicado el Real Decreto por el que se crean y regulan los órganos de coordinación, seguimiento y participación del II Plan Nacional de Derechos Humanos (2023-2027).

Con la finalidad de garantizar la coordinación, el seguimiento y la evaluación del II Plan Nacional de Derechos Humanos (2023-2027), y seguir dando voz a todas aquellas instituciones y organizaciones que han estado implicadas en su elaboración, se han creado un Comité de dirección y una Comisión interministerial de seguimiento. Ambos órganos se adscriben al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a través de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales.

El Comité de Dirección será un órgano institucional de participación administrativa y de representación de la sociedad civil, con funciones de propuesta y supervisión del cumplimiento del II Plan de Nacional de Derechos Humanos. Este órgano contará con un total de 53 vocalías, ocupadas por cada uno de los departamentos ministeriales, las comunidades autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla y la Federación Española de Municipios y Provincias.

Además, contarán con vocalías las principales plataformas, consejos de participación y organizaciones no gubernamentales de ámbito estatal que trabajan en la defensa y promoción de los derechos humanos, los institutos universitarios de derechos humanos, las organizaciones sindicales y empresariales de ámbito estatal más representativas y algunas personas expertas de reconocido prestigio en el ámbito de los derechos humanos.

Por otra parte, la Comisión interministerial será el órgano de coordinación interministerial de carácter administrativo, encargado de seguir el desarrollo del II Plan y garantizar su comunicación y difusión, y estará integrada por 22 vocales, designados por sus respectivos ministerios.

• Real Decreto 709/2024, de 23 de julio

https://www.boe.es/boe/dias/2024/07/24/pdfs/BOE-A-2024-15203.pdf